El Grupo Municipal Regionalista de Polanco ha rechazado que el Ayuntamiento pague 24.000 euros fijos anuales al despacho de abogados Atrius, propiedad de la mujer del consejero de Urbanismo, Francisco Javier Fernández, y lo haga “utilice o no sus servicios de asesoría jurídica”, empleando una cantidad casi idéntica a los 25.000 euros que el presupuesto de 2012 consigna para políticas de empleo.

La negativa del alcalde del Partido Popular, Julio Cabrero, a reconsiderar ese pago fijo y limitarlo a desembolsos puntuales por cada servicio prestado ha motivado el voto en contra del PRC al presupuesto, dado que “prevalecen los gastos innecesarios y superfluos sobre las necesidades reales del municipio”.

La portavoz regionalista, Rosa Díaz, ha lamentado “la falta de sensibilidad” del alcalde a la hora de definir las prioridades municipales en el actual momento de crisis, donde “la prioridad absoluta debe ser la lucha contra el paro, que afecta ya a más de 600 personas en Polanco”.

A su juicio, “resulta inexplicable” que el equipo de Gobierno “se empeñe en pagar lo mismo que va a invertir en empleo durante todo el año” a financiar un servicio externo de asesoría, que percibirá los 24.000 euros “aunque no realice ningún trabajo para el Ayuntamiento”, máxime cuando en legislaturas anteriores ese tipo de asesoramiento se pagaba caso por caso.

Además de la ausencia de “una apuesta seria por el empleo”, Díaz también ha mostrado su desacuerdo con la partida de ingresos procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles, al entender que el Ayuntamiento no ha aplicado de modo correcto las valoraciones catastrales tras la anulación, el pasado mes de febrero, del Plan General, como consecuencia de un recurso de ARCA. Dado que la nulidad de ese planeamiento provoca que vuelvan a estar en vigor las normas de 1989, el PRC tiene dudas sobre la legalidad de la aplicación del IBI de terrenos urbanos a determinadas fincas recalificadas en el plan anulado.

De hecho y a propuesta del Grupo Regionalista, el Ayuntamiento cuenta con un informe jurídico que determina que las valoraciones catastrales vigentes son inaplicables tras dicha anulación del planeamiento, aunque no precisa cómo proceder al cobro del impuesto hasta su aprobación definitiva, motivo por el que está prevista una reunión del Ayuntamiento con la Oficina del Catastro el próximo mes de enero.

Además de votar en contra del presupuesto, el PRC presentó en el último pleno una queja por entender que el alcalde “abusa de su privilegio de cerrar los debates plenarios” y “coarta los derechos de la oposición”, al asumir personalmente el debate con la oposición, sin conceder derecho a réplica.