Rafa de la Sierra

marzo 2008

Es muy frecuente en los últimos tiempos, sobre todo cuando se habla de interpretar o reformar la Constitución, escuchar referencias al amplísimo consenso que dio origen a su aprobación en el año 1978. Y eso está bien. Por ello, y a pesar de que, por aquel consenso, se estableció que la Constitución podría modificarse por mayoría de dos tercios en las Cortes Españolas y por referéndum del pueblo español, parece razonable defender que una modificación sustancial de la Constitución deba contar con un consenso similar al que dio lugar a su nacimiento. Eso garantizará, sin duda, el acierto y la permanencia de los posibles cambios.

Pero lo que ya resulta un poco chocante es comprobar que quienes utilizan con mayor virulencia el argumento del consenso para oponerse a cualquier modificación (véase ya qué contradicción, virulencia/consenso) son, precisamente, quienes no participaron en él, es decir, quienes no votaron la Constitución o se opusieron a ella; o sus descendientes políticos, que viene a ser lo mismo.

Pero, si esta apelación al consenso constitucional, por quienes no participaron en él, resulta como poco chocante, lo que ya es auténticamente increíble es que quienes combatieron y se opusieron a la Constitución de 1978, en ocasiones incluso de forma violenta, pretendan ser los depositarios exclusivos de la facultad de interpretarla.

Desde luego, es reconfortante escuchar a tanto converso defender la Constitución y su sistema de derechos y libertades. Es la parte positiva del asunto. Pero resulta indignante que quienes rechazaron la Constitución, y los derechos e instituciones que contiene, pretendan ser ahora los garantes de su contenido y, más aún, de su interpretación. Que quienes combatieron los libertades públicas (la libertad de expresión, la libertad sindical, la libertad de asociación, la libertad de prensa, etc.) o negaron el reconocimiento de los derechos fundamentales básicos hablen ahora de su contenido y alcance; que quienes se opusieron a la descentralización territorial autonómica establezcan ahora su esencia y sus límites; o que quienes rechazaron abiertamente el sistema democrático pretendan ahora definir sus características y sus normas de funcionamiento.

Este fenómeno se produce, desde luego, a nivel nacional; pero también se reproduce a nivel regional. Y es más; en Cantabria, dadas las características de determinados políticos regionales, a veces se pasan de frenada. Como en tantos otros temas.

La última aportación a esta historia la aporta un Senador por Cantabria que se convierte, por autoproclamación, en intérprete auténtico de la Constitución y, con la disculpa de una polémica nacional, da un paso más: hay que eliminar al Partido Regionalista de la política regional. Es decir,  hay que eliminar a los partidos de ámbito regional de la política regional. El más difícil todavía.

Esta postura confunde la realidad con el deseo, y sería conveniente saber si es una posición del PP y si va a dar lugar a alguna iniciativa en el Congreso o en el Senado, o es una ocurrencia personal del Senador. Y, sobre todo, habría que ver si la eliminación de los partidos minoritarios en la política regional incluye la del Partido Popular en Cataluña, en Canarias o en el Pais Vasco, por poner algunos ejemplos.

Pero lo cierto es que la postura tiene una justificación ideológica evidente: Como algo no me gusta, lo elimino. Argumento coherente desde determinadas corrientes de pensamiento, que no estuvieron en el consenso constitucional, aunque ahora lo utilicen como arma arrojadiza.

Argumento que puede aplicarse sin dificultad en muchos campos igual de interesantes: si algún sindicato no me gusta, queda prohibido, de acuerdo con una interpretación subjetiva de la libertad sindical; y si alguna persona me lleva la contraria, hago que se calle, en una interpretación constitucional consensuada de los límites a la libertad de expresión.

Y si un Partido Político no garantiza el apoyo incondicional, se le aparta de la vida política; eso sí, de acuerdo con una interpretación subjetiva del concepto de pluralismo político.

Evidentemente, a cualquier persona sensata esta forma de pensar y de opinar le parece lo que es: una incoherencia. Una incoherencia argumental pero, sobre todo, una incoherencia política y democrática. No se puede mantener que se defiende la Constitución Española de 1978 y, al mismo tiempo, pedir públicamente que se vulneren sus principios esenciales, los valores superiores que proclama, precisamente por consenso, su artículo primero y que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Pero en Cantabria es, además, una incoherencia histórica, porque el PRC ha sido un elemento imprescindible en la historia reciente de nuestra región. En primer lugar, por su carácter reivindicativo, que se demostró incluso en la propia consecución de la autonomía y que se ha venido manteniendo a lo largo de su desarrollo en estos caso veinticinco años. Pero sobre todo como factor de estabilidad y de normalidad en la vida política de la región.

Desde que el Partido Regionalista ha formado parte del Gobierno, primero con el Partido Popular y ahora con el Partido Socialista, no ha existido ya ni una sola moción de censura ni un solo tránsfuga en el Parlamento de Cantabria. No ha existido escándalo alguno, ni moral, ni político ni económico. Se ha producido  un progreso regular y continuo de Cantabria, desde el punto de vista social y económico. Y Cantabria tiene prestigio y tiene presencia en el ámbito nacional con voz propia. Todo ello contrariamente al período en que gobernaba sólo el Partido Popular, incluso con mayoría absoluta.

Es evidente que esto no se ha producido sólo por la aportación del PRC, sino por el trabajo de todos, incluidos todos los partidos políticos. Pero algo tendrá que ver, sin duda alguna, la existencia y la actitud del Partido Regionalista de Cantabria.

Soy de la opinión, justificada en la Historia, de que las mayorías absolutas engendran, entre otras cosas, disminución de la calidad democrática, prepotencia y corrupción. Y que el pluralismo político no sólo es un valor superior del ordenamiento constitucional y un derecho; sino, sobre todo, una necesidad del sistema, un requisito imprescindible de su correcto funcionamiento. Por eso, la interpretación constitucional que lo pone en peligro no deriva de la Constitución, sino de otra parte.

Rafael de la Sierra
Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista
Vicesecretario General del Partido Regionalista