Rafa de la Sierra

Hoy hemos ofrecido, en la Comisión de Urbanismo, una propuesta para intentar colaborar a la solución en Cantabria del problema que originan las sentencias de derribo de edificaciones, dictadas por los jueces porque las licencias que amparaban la construcción eran contrarias a la ley.

Es un asunto polémico, en el que es fácil hacer demagogia, a favor y en contra de cualquier alternativa, ya sea a favor o en contra de la demolición, a favor o en contra de la legalización, a favor o en contra de los perjudicados, a favor o en contra de las sentencias, a favor o en contra de las indemnizaciones, o a favor o en contra de cualquier cosa.

Nosotros hemos propuesto una solución que se basa en algunos principios que consideramos evidentes, constitucionales, justos y de sentido común.

Primer principio.- Si legalmente puede evitarse la demolición, debe hacerse.

Hay quien plantea que hay que demoler todo: ¡fuera lo ilegal!; y hay quien piensa que hay que mantener todo: ¡que se legalicen todas las edificaciones!

En nuestra opinión, la demolición es la última de las soluciones, cuando no queda otra legalmente posible, porque supone la destrucción de bienes, el desalojo de personas, la generación de perjuicios y la obligación de indemnizar de la Administración, es decir, de todos nosotros, en cantidades astronómicas. Por eso nuestra propuesta busca encontrar medios que permitan mantener las edificaciones que sea posible, mediante instrumentos legales, administrativas o de planeamiento, lo que supone buscar solución, pero asimismo garantizar que las edificaciones que se mantengan, tras las oportunas modificaciones legislativas o de planeamiento, respetarán la legalidad. Demoler en nombre de un derecho a la tutela judicial efectiva y a la ejecución de las sentencias, exclusivamente, no es racionalmente admisible. Dicho de otra forma, derribar algo en un lugar en que puede volver a construirse al día siguiente exactamente lo mismo no es de sentido común.

 Segundo principio.- Hay que abonar los daños y perjuicios sufridos por los afectados.

Pero, además, si hay responsabilidad de la Administración, no puede derribarse un edificio ni proceder al desalojo de una vivienda, sobre todo si constituye residencia habitual, si antes no se ha abonado al propietario la indemnización que le corresponde. Eso es de lógica, pero además es un derecho reconocido en el artículo 33 de nuestra Constitución. Por ello rechazamos posturas, manifestadas en foros de debate, del tipo de "eso no es responsabilidad de los gobiernos", o "yo no estoy dispuesto a que con mi dinero se paguen errores de los ayuntamientos, que los paguen los políticos", o "¡que se fastidien, que la mayoría sabían que era ilegal!". Esas afirmaciones sólo pueden hacerse desde el desconocimiento más absoluto del drama que están viviendo miles de personas, de buena fe, que se vieron injustamente tratadas y, en ocasiones, abiertamente engañadas.

Tercer principio.- Se deben poner los medios para que estas situaciones no vuelvan a repetirse en el futuro. Por ejemplo: se deben exigir responsabilidades a los políticos, a los funcionarios y a los técnicos responsables de la concesión de licencias ilegales, en los casos en que se demuestre culpa o negligencia grave; se deben publicar las acciones iniciadas contra obras en construcción, para que no se produzca engaño de los compradores; se debe fomentar una cultura de respeto por el medio ambiente, por el paisaje, por la ordenación racional del territorio y por el cumplimiento estricto de la normativa; y se debe exigir a las empresas que procedan a cumplir siempre la obligación de asegurar las cantidades anticipadas para la compra de viviendas, estableciendo sanciones ejemplares para quienes incumplan esta obligación.

Cuarto principio.- Rechazamos dos posturas que nos parecen igualmente perjudiciales: la de los que defienden que no puede hacerse absolutamente nada, salvo cumplir a rajatabla las sentencias de derribo, y que cada uno debe asumir los problemas, los perjuicios y las penalidades que le toquen, sea o no responsable, tenga o no tenga buena fe; y la de los que engañan a los perjudicados defendiendo que todo es posible, que cualquier demanda está amparada por la ley, que en ningún caso sufrirán ningún perjuicio. Ambos, desde posturas tan dispares, colaboran, no a la solución, sino al agravamiento del problema.

Quinto principio.- Rechazamos apriorismos absolutos y excluyentes, rechazamos el monolitismo axiológico de que hacen gala determinadas actitudes; y defendemos el sentido común como criterio orientador de la acción de gobierno y del planteamiento de solución de los problemas.

Con esas premisas se han presentado en el Parlamento de Cantabria varias modificaciones legislativas, la última de ellas la propuesta a la que me refería al principio, que hacen a Cantabria pionera en el respeto a los derechos constitucionales que concurren, a veces de manera contradictoria u opuesta, en la defensa del territorio, de las sentencias sobre licencias urbanísticas, de la ejecución de las órdenes de demolición, de la defensa de los derechos de los perjudicados o del planteamiento de la Ordenación del  territorio y del urbanismo en nuestra región.