Rafa de la Sierra

octubre 2005

El miedo es uno de los recursos que con más frecuencia moviliza y condiciona la opinión de la sociedad; y, entre los miedos más influyentes en política, está el miedo a la inseguridad, el miedo al cambio hacia lo desconocido e incierto, el miedo a poner en peligro la situación de bonanza social y económica o las bases fundamentales del sistema.

Por eso es tan frecuente que la manipulación política de la opinión pública tenga en el miedo el primero de sus instrumentos, y que los manipuladores hagan aparecer los fantasmas de la inseguridad, del incierto futuro, del peligro de desastre, como base de sus campañas mediáticas para oponerse a las decisiones de los demás, incluso de la mayoría. Es la actitud de quien, ante un fuego, no trata de aprovecharlo o de apagarlo, sino que le echa gasolina para poder lamentar sus consecuencias.

El mejor aliado del miedo es la oscuridad, el desconocimiento, la apelación a peligros genéricos. Y la mejor manera de combatir el miedo es, precisamente, lo contrario: la luz, el conocimiento, la explicación de la naturaleza y características de las cosas.

Por eso hay que defender en la sociedad la necesidad de analizar la motivación de las decisiones, de razonar, de compartir ideas y de profundizar en los problemas. Utilizar argumentos, en vez de aceptar consignas.

En eso pensaba cuando leía algunas conclusiones sobre el proyecto de reforma del Estatuto Catalán: algunas de ellas expresadas desde la sensatez, el conocimiento y la prudencia; y otras, desde la ligereza o, peor aún, desde la malicia, desde la llamada al miedo.

El tema es de excepcional envergadura, muy importante y muy sensible. Se está hablando de cuestiones fundamentales, como es la modificación de la Constitución, la unidad de la Nación española o el peligro de nuestro Estado de Bienestar, y la igualdad y la solidaridad entre las gentes y los pueblos de España.

Por eso sería muy conveniente que cada uno tuviera formado un criterio razonado e informado sobre ello. Y por eso me gustaría aportar algunas ideas, que intento sostener en la razón, y no en el instinto; en la reflexión, y no en la necesidad de obtener rentabilidad política a corto plazo.

En primer lugar, debo anticipar mi postura, y la del Partido Regionalista de Cantabria, sobre el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña: no estamos de acuerdo con el texto, tal como ha salido de Cataluña y ha llegado a las Cortes.

Nuestra postura contraria a este proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña se fundamenta en dos tipos de razones: en primer lugar, porque recoge disposiciones e instituciones que difícilmente encajan en la Constitución Española de 1978; y, en segundo lugar, porque vulnera los principios de igualdad y solidaridad, que son la base del sistema autonómico de distribución del poder territorial, en la forma en que ha sido delimitado por la numerosa y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, discrepamos con la utilización del término "nación" si, como parece, supone un nuevo intento de justificar la existencia en España de dos clases de Comunidades Autónomas: unas, de base federal, con auténtico derecho de autogobierno; y otras, con derecho a una simple descentralización administrativa cualificada. Cantabria no acepta esa diferenciación. Y el tribunal Constitucional tampoco.

Junto a ello, existen contenidos del proyecto que resultan difícilmente aceptables desde la perspectiva constitucional y, más concretamente, desde la defensa de los intereses generales y, más concretamente, desde la perspectiva de Cantabria: el sistema de financiación, que resulta ser un auténtico sistema de concierto, sin garantías de cumplimiento del principio de solidaridad; la definición de derechos fundamentales, que excede en su formulación de las posibilidades de un Estatuto de Autonomía; la ruptura de la unidad de mercado o del criterio de Caja Única de la Seguridad Social; la definición de las competencias como excluyentes y la pretensión de petrificar su contenido; la modificación de leyes orgánicas por vía de modificación del Estatuto; la invasión de la autonomía local; la presencia en Europa "a través" de España; los derechos históricos, como justificación de una "posición singular de Cataluña", cuyo alcance se pretende político; y, en fin, y sin ánimo de ser exhaustivo, el planteamiento de la bilateralidad como modo habitual de relacionarse con el Estado y de establecer acuerdos en temas generales.

Frente a esas pretensiones, es evidente que hay que adoptar medidas adecuadas y eficaces. Y, por eso, hemos reaccionado la sociedad y sus representantes; y, sobre todo, debe reaccionar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas.

Pero ahí está, precisamente, la diferencia. Frente a la actitud de quienes, sin entrar en el auténtico debate de fondo, pretenden sacar tajada electoral, rentabilidad partidista a la situación, yo defiendo que cualquier peligro, cualquier inseguridad será imposible si se respetan los procedimientos que establece la Constitución para defenderse a sí misma.

Hay que tener en cuenta que los mecanismos de la Constitución, no sólo se han tenido que enfrentar a situaciones similares (no en vano se han modificado la mayoría de los Estatutos de Autonomía y se ha rechazado, por inadecuada, la propuesta que contenía el Plan Ibarreche), sino a problemas muchísimo más graves, desde la LOAPA, pasando por el golpe de Estado de 1981 o los más brutales atentados terroristas. Y las han superado con seguridad y con eficacia.

Desde este punto de vista hay que resaltar que, hasta este momento, Cataluña ha seguido, a rajatabla, lo que le manda la Constitución y su propio Estatuto de Autonomía. Ha propuesto una modificación de su Estatuto después de debatirla en el Parlamento catalán y de aprobarla por mayoría de dos tercios. Y, además, la ha remitido, para su debate y decisión, a las Cortes Españolas, que son las competentes para ello.

Ahora le toca a las Cortes Españolas, a nuestros representantes, decidir sobre el texto presentado. Y, al hacerlo, habrá que comprobar, no sólo que la modificación propuesta es o no oportuna; sino, sobre todo, si respeta la Constitución Española y si vulnera los principios de igualdad y solidaridad, que es la base del sistema de Comunidades Autónomas que establece la propia Constitución, en la forma en que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, confiamos plenamente en que los parlamentarios nacionales garantizarán esta función.

Pero es que, si no la cumplen, el Tribunal Constitucional será, en último caso, el garante, porque no hay posibilidad alguna de que, por la vía de modificación de los Estatutos, se vulnere y, menos aún, se reforme la Constitución.

También las instituciones, incluidas las autonómicas, tienen que defender los principios de igualdad y solidaridad. No es suficiente que el texto respete la Constitución, pues no podemos aceptar una modificación que, siendo formalmente ajustada al texto constitucional, vulnere los principios de igualdad y solidaridad, que son la base, no sólo del progreso, sino sobre todo de la estabilidad y de la armonía en el Estado autonómico.

Finalmente el texto, que será sin duda modificado por las Cortes, deberá ser aprobado por los propios ciudadanos catalanes en referéndum, lo que es una garantía para ellos de que no se les impondrá una reforma del Estatuto que no deseen.

Ese es el funcionamiento normal de las instituciones democráticas de España; y esa es la garantía de que no se producirá, por mucho que lo anuncien los agoreros del miedo, ninguna agresión al Estado de Derecho, base de nuestra libertad y de nuestro bienestar.

Y con esas premisas es con las que se deben afrontar, frente a los inmovilistas, los cambios necesarios. El ciudadano normal, la gente sencilla, no se asusta de los cambios razonables, porque sabe que el progreso de la sociedad se basa, precisamente, en el cambio. En el cambio prudente y meditado, pero en el cambio; y ello supone ir adecuando las soluciones y las alternativas a las nuevas situaciones, a la nueva realidad. Aquello que no cambia nunca acaba por enmohecerse y llega a ser inservible.

Y la garantía de un cambio a mejor se encuentra, precisamente, en la ausencia de miedo injustificado y en la confianza en nosotros mismos. Confianza en el funcionamiento de nuestro sistema democrático: el Rey, las Cortes Españolas, el Tribunal Constitucional y el resto de instituciones. Pero también confianza en la propia fortaleza de la sociedad española, forjada precisamente en los ideales que se encuentran en el gran pacto que fue la Constitución Española de 1978: la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, entre ellos la igualdad y la solidaridad; la unidad de la Nación española que recoge su artículo segundo; y la diversidad de las Comunidades Autónomas, que recoge el Título octavo.

Todo ello es la base de nuestro estado de bienestar, y todo ello constituye nuestro objetivo y nuestra fortaleza. Y no hay ningún loco, ningún estúpido, ningún suicida que pueda conseguir otra cosa. Aunque lo intente.