Rafa de la Sierra

enero 2004

Los asuntos relacionados con la Unión Europea son considerados frecuentemente por los ciudadanos, e incluso por bastantes cargos públicos y responsables económicos y sociales, como cuestiones lejanas, de dudosa  influencia práctica, cosa de expertos o de especialistas; en fin, poco menos que debates inútiles.

Ese es un tremendo error. Lo cierto es que la solución de nuestros problemas más inmediatos, la suerte de nuestras empresas, el futuro de sectores económicos básicos (véase ganadería, industria, medio ambiente, siderurgia, etc.) o la mejora de nuestras infraestructuras, por poner sólo algunos ejemplos, depende directa y decisivamente de decisiones que se toman en el ámbito de la Unión Europea, de acuerdos que se adoptan en Bruselas o en Luxemburgo. Y eso lo saben bien, y lo aprovechan, en otros lugares de España y de Europa.

Por eso es tan importante la información, es decir, el conocimiento profundo, actual y detallado de la realidad y de la normativa comunitaria, en ocasiones confusa, a veces excesivamente compleja y casi siempre excesiva. Ello exige que se establezcan sistemas y se constituyan órganos (en Cantabria existen varios) para que el ciudadano, la empresa, los colectivos económicos y sociales accedan fácilmente a esa información y, en su caso, puedan beneficiarse de las oportunidades y ayudas que se establecen; pues estoy seguro que la ignorancia o el desconocimiento hace que se desperdicien, o no se aprovechen completamente, importantes posibilidades derivadas de la pertenencia a Europa.

Pero, si es importante para los ciudadanos, para las empresas y para los colectivos el conocimiento y la información sobre la múltiple normativa comunitaria, más importante es aún para los representantes políticos, dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, tener la oportunidad y ejercer el derecho a ser consultados y participar activamente en la propia creación de la normativa comunitaria y, una vez aprobada, en el control de su ejecución y cumplimiento.

Y es en ese contexto, y con ese planteamiento, con el que se defiende la participación de las regiones con competencias legislativas en el proceso ascendente (creación de la normativa comunitaria) y descendente (ejecución de la misma) en la Unión Europea. Porque si las Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas o compartidas con el poder central en múltiples materias (léase ganadería, obras públicas, medio ambiente, cultura, educación, sanidad, etc.), es de justicia y de lógica que las regiones sean consultadas, manifiesten su opinión y su criterio, formulen propuestas y participen en la toma de decisiones que afectan directamente a esas competencias que tiene el deber y la responsabilidad de gestionar.

Bien es cierto que esta presencia de las regiones en Europa debe hacerse coordinando adecuadamente dos principios: el principio de descentralización (de subsidiariedad) que garantiza la efectiva participación de las regiones, y también desde luego en su nivel de los Estados y de los entes locales; y el principio de eficacia, que asegura la toma de decisiones con rigor, con eficacia y con agilidad. Y de ello se deducen dos consecuencias complementarias: la primera, que las regiones no pueden ser apartadas del proceso de creación de la normativa comunitaria y del control de  su ejecución, en el que deben participar con voz propia, directa y efectiva; y segunda, que no se puede articular esta presencia mediante la creación de órganos multitudinarios o de sistemas de decisión pesados o ineficaces.

Este planteamiento, que parece tan lógico y tan razonable, no está establecido en Europa con carácter general y, mucho menos, está garantizado. Por eso se plantea que, en los Tratados Comunitarios y, sobre todo, de cara a la definición de las Instituciones Europeas en la Conferencia Intergubernamental del año 2004, se tengan en cuenta estos principios y, por una parte, se reconozca a las regiones con capacidad legislativa las competencias que tienen asumidas y, por otra parte, se establezcan los mecanismos para que puedan participar en el proceso de creación de las normas comunitarias y en la ejecución de las mismas.

Y eso es muy importante, sobre todo, por lo que respecta a las Comunidades Autónomas españolas. Pues, si bien es cierto que el problema atañe generalmente a todas las regiones europeas con competencias legislativas (llámense läender, regiones o comunidades autónomas), sin embargo en otros países (véase por ejemplo Alemania o Austria) existen ya mecanismos que garantizan la presencia inmediata y directa, incluso en los órganos decisorios de Bruselas, del representante de las regiones, designado por éstas por consenso o por la relación del land con los temas a debatir; a lo que se añade la existencia en ellos de una Cámara de representación territorial que garantiza la consideración expresa de la voluntad de las regiones en la conformación de la voluntad general del Estado. Esa no es la situación de España en donde, entre otras cosas, aún está pendiente la configuración de nuestro Senado como Cámara de representación territorial, según manda el art. 69 de nuestra Constitución.

Por eso interesa especialmente a las regiones españolas, a las comunidades autónomas, el proceso de integración europea y su participación en él. Porque cualquier déficit en este aspecto se traduce, no sólo en una vulneración de la distribución de competencias que la Constitución y los Estatutos de Autonomía establecen, sino en efectos directos, y perjudiciales sobre los intereses de las personas, de los colectivos o de las empresas, es decir, de los intereses de los ciudadanos de Cantabria y del resto de España, cuya defensa es el único objetivo que justifica nuestra condición de cargos públicos.

Y por eso múltiples representantes políticos, especialistas, teóricos o, simplemente, interesados en estos temas, defendemos la consideración del papel que corresponde a las regiones en la construcción de la Unión Europea y, más específicamente, en la creación de la normativa sobre aquellas materias sobre las que tienen competencias exclusivas o compartidas con el Estado y en la ejecución de las mismas. Y ese ha sido el sentido de las manifestaciones efectuadas por mí recientemente en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos.

La construcción de la futura Europa y su participación en ella es un objetivo lleno de oportunidades y de posibilidades, pero también lleno de peligros y de riesgos. Por eso no podemos, en modo alguno, ser unos simples espectadores o unos meros comparsas, sino que debemos participar en ello de modo activo, como auténticos protagonistas y como verdaderos interesados.

Marzo de 2004