Rafa de la Sierra

Ayer daban cuenta los medios de comunicación de Cantabria de la condena a año y medio de prisión y nueve de inhabilitación impuesta al Alcalde de Piélagos por un delito continuado de prevaricación. La sentencia considera probado que el Alcalde condenado concedió numerosas licencias urbanísticas "con conocimiento y voluntad de que dichas licencias eran contrarias a la legalidad urbanística y en contra de los informes expresos del arquitecto municipal y los servicios jurídicos del ayuntamiento".

Una condena grave y fundada. Pero, aun así, no me ha sorprendido la actitud del Alcalde, que defiende su inocencia y que presentará recurso. Es más, y aunque es muy difícil dada la contundencia de los hechos probados, ojalá tenga razón, porque ello supondría que no se habría cometido delito, lo cual es siempre más saludable.

Tampoco me hubiera sorprendido, en otras circunstancias, la reacción del líder del partido del Alcalde, el Partido Popular, ya acostumbrado a este tipo de condenas y que, por motivos de amistad y cercanía y a pesar de los contundentes hechos probados de la resolución judicial, se pronuncia por la inocencia y la buena fe de su compañero de partido. Nada más comprensible, en principio.

Y esa es la clave: en principio. Porque esta actitud, tan comprensible en  teoría, resulta absolutamente hipócrita e incoherente cuando se encuadra en la política que el Partido Popular, y especialmente su Presidente, están siguiendo en materia de denuncia de irregularidades de los demás.

Y, por ello, resulta absolutamente intolerable que el mismo político que defiende la presunción de inocencia de un condenado por un juez imparcial, siga insistiendo en trasmitir a la opinión pública dudas, insinuaciones o, directamente, irregularidades en la actuación de un Consejero, de una persona como Javier Marcano por ejemplo (podríamos hablar también de las campañas contra Jesús Oria, Francisco Martín o Juanjo Sota) cuando los tribunales han rechazado, de forma contundente, las querellas fomentadas, dirigidas y facilitadas por el propio Partido Popular y han establecido, en sentido positivo, la inocencia de los imputados. Y ello tras al análisis detenido de miles de folios de documentación, de cientos de contratos y documentos, por jueces y magistrados distintos.

Si un condenado merece aún la presunción de inocencia, ¿por qué se le niega a un político a quien Juzgados y Tribunales distintos han revisado hasta los más mínimos detalles su actividad y sus decisiones, sin hallar el más mínimo reproche penal, sin atisbar el más mínimo indicio de corrupción?

La postura del líder del Partido Popular en el caso de la condena de su Alcalde, que en otras circunstancias hubiera podido resultar comprensible, se revela sin embargo hipócrita y partidista cuando se compara con el injusto comportamiento que, un día sí y otro también, el Partido Popular tiene con personas honorables, incluso tras las resoluciones judiciales que ratifican, de forma expresa, la ausencia de irregularidades.

Una política basada en la sospecha, en la insinuación y en la demagogia, que vive de hechos dudosos o directamente inventados, que crea inquietud y desazón en la sociedad, y que no muere cuando las sospechas o las insinuaciones se revelan infundadas o inexistentes. Como lo que el lunes pasado, y hoy mismo, se vive en el Parlamento de Cantabria, como muestra de esta contradictoria y rechazable política.

Por eso considero tan hipócrita la actitud del líder del Partido Popular en este caso. Hipócrita pero no nueva, porque desde siempre (San Lucas, 6, 41) ha resultado pertinente la pregunta: ¿Por qué te ensañas con la brizna en el ojo ajeno y ocultas la auténtica maraña de vigas que tienes en el tuyo?.