¡Atención, riesgo por desvío!
Bajo este epígrafe iremos analizando algunas de las decisiones, propuestas o declaraciones del nuevo Gobierno de Cantabria en las que, al menos indiciariamente, se generen riesgos para los derechos consolidados de los ciudadanos o se produzcan incumplimientos graves de los compromisos electorales.
Hoy: Las prestaciones sociales
Siempre hemos advertido que las prestaciones sociales (ayuda a la dependencia, renta social básica, plan para familias desfavorecidas, personas mayores, etc) no son políticas en las que el Partido Popular tenga un especial interés. Esta afirmación, además, se veía corroborada por la experiencia, ya que las Comunidades Autónomas en las que este tipo de políticas se encuentran menos desarrolladas (véase la aplicación de la Ley de Dependencia, por ejemplo) son aquellas gobernadas por el Partido Popular con mayoría absoluta.
Sin embargo, en estas pasadas elecciones y al menos en Cantabria, el Partido Popular ha asumido reiterada y absolutamente el compromiso de continuar las políticas del anterior Gobierno PRC-PSOE en materia social, lo que supone, como mínimo, no reducir ninguna de las metas alcanzadas ni eliminar ninguna prestación concedida. Y ese mismo compromiso lo ha reiterado tras los resultados electorales del 22 de mayo.
Pero (¡el maldito pero!), cuando llega la hora de la verdad (dotar económicamente las partidas y conceder las ayudas), resulta que el nuevo Gobierno, de la misma forma que está haciendo respecto a otras de sus promesas, anticipa que va a tener dificultades para mantener las políticas sociales porque hay dificultades económicas derivadas de la situación de las finanzas de Cantabria. Y da dos razones:
1ª razón.- Que el anterior Gobierno se ha gastado el Presupuesto, ya que tiene ejecutado a 30 de junio el 75% de las partidas.
Falsa excusa, porque resulta que siempre, a 30 de junio, está ejecutado un porcentaje similar de gasto, pues existen algunas partidas que se consumen casi al 100% en el primer semestre (por ejemplo, las subvenciones del Capítulo IV y las transferencias del Capítulo VII). Para que sirva de referencia, la retención para gastar en el año 2010, a la misma fecha, era del 75,73%.
Por tanto, falsa excusa y falso mensaje a los ciudadanos.
2ª razón.- Que alguna partida correspondiente a política social ya se ha gastado en su totalidad.
Por supuesto, y se ha gastado en prestaciones sociales, que han aumentado más de lo previsto dada la situación económica. Pero para eso el Parlamento concedió al Gobierno, en el artículo 6 de la Ley de Presupuestos, la posibilidad de ampliar esas partidas en lo que fuera necesario.
Por tanto, el Presidente y la nueva Consejera de Sanidad tienen los instrumentos necesarios para garantizar el pago de las prestaciones sociales, todas y todo el año. No se pueden admitir excusas en modo alguno. Este Parlamento aprobó que esas partidas, las de renta social básica, las de atención a la dependencia y el resto de políticas sociales básicas eran prioritarias y por ello estableció por ley que eran automáticamente ampliables, porque la situación económica podía empeorar, como así ha sido.
¿Que la nueva Consejera de Hacienda tiene que buscar de dónde quitar fondos para ampliar las partidas? Por supuesto, es su obligación, como tenía que hacer también el anterior Consejero, reduciendo gastos menos necesarios en todas las Consejerías.
Y le recuerdo que con un nivel de ejecución a esta fecha muy similar al año pasado, en ingresos y en gastos, el Gobierno no incumplió ni uno solo de sus compromisos sociales. Por tanto, no tienen excusas para no hacer lo mismo.
Y es que no vamos a admitir coartadas para evitar cumplir los compromisos que han adquirido con los ciudadanos en temas fundamentales, como sería poner en peligro las políticas sociales.
No valen los trucos. En este tema no se admiten desvíos. Prohibido virar a la derecha en política social.
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