el prc cree que el pp debe pedir disculpas por el caso lagunilla y reflexionar sobre quien deberia dimitir

El PRC cree que el PP debe pedir disculpas por el caso Lagunilla y reflexionar sobre quién debería dimitir
Los regionalistas quieren impulsar medidas para que en el futuro no vuelvan a "utilizarse" instituciones como el Parlamento y la Justicia
Rafael de la Sierra afirma que con el caso Lagunilla el PP
Rafael de la Sierra afirma que con el caso Lagunilla el PP "ha traspasado una línea que nunca se había pasado en Cantabria"
Jueves, 14 de Enero de 2010.

El portavoz del PRC en el Parlamento cántabro, Rafael de la  Sierra, consideró hoy que el Partido Popular debe "pedir disculpas"  por su actuación en el caso Lagunilla y reflexionar sobre su propia  petición de dimisiones porque, según dijo, aplicando los "criterios"  del PP, "los primeros que tendrían que dimitir son ellos".

De esta forma, el portavoz regionalista respondió a las afirmaciones del PP tras el auto de archivo de la querella y rechazó  que el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y  Biodiversidad, Jesús Oria, tenga que dimitir si no desvela el nombre del funcionario que supuestamente ha sacado documentos de la Consejería para facilitárselos al PP.

Según De la Sierra, "es evidente que alguien ha sacado  documentación" de la Consejería y piensa que el propio Partido Popular "casi lo ha reconocido expresamente" al decir que en política todos reciben anónimos con documentación, una idea que no comparte el  portavoz regionalista.

En cualquier caso, el diputado del PRC espera que cuando las  "sospechas" se conviertan en "indicios" se inicie el expediente administrativo correspondiente, bien de investigación o sancionador  contra el funcionario que haya sacado esos documentos.

En rueda de prensa, Rafael de la Sierra lamentó que el Partido  Popular, con el caso Lagunilla, "ha traspasado una línea que nunca se había pasado en Cantabria", al presentar una querella "con plena consciencia de la falsedad de la acusación, por motivos  exclusivamente partidistas" y buscando "un rendimiento político  basado en el descrédito de un político honesto".

No obstante, se felicitó porque el magistrado instructor de las  diligencias, Santiago Pérez Obregón, "ha puesto" al Partido Popular  "en su sitio" con un auto que supone un "varapalo" para los  'populares' y deja "al descubierto toda la falta de argumentos, las  insidias y la sinrazón" de la denuncia. "El Partido Popular ha ido a  por lana y ha salido trasquilado", apostilló.

"Utilización partidista"

De la Sierra reconoció que la actitud inicial del PP en este  asunto fue la "correcta", al acudir al Parlamento a pedir  explicaciones sobre unas posibles irregularidades de las que había  tenido conocimiento.

Pero recordó que el consejero reconoció el error y se subsanó "sin  daño ninguno" para la hacienda pública, para los intereses generales  o para terceros, y sin "beneficio ilícito para ninguna persona", así que no se entiende que el asunto terminara en los tribunales.

Lo que ocurre, a su juicio, es que el Partido Popular "intentó  aprovechar el tema para utilizarlo con ánimo partidista" y con la  idea de "desprestigiar, difamar e injuriar" al adversario político. El problema es que, para ello, ha "utilizado" el Parlamento y la  Justicia "de forma espuria" y sabiendo que suponía "vejar, ofender e  intentar desprestigiar a un político".

En el caso concreto del Parlamento, el portavoz regionalista  lamentó que, una vez iniciadas las diligencias judiciales, el PP "ha  utilizado" la Cámara para "dar más relevancia a la querella" y ha  llegado a presentar preguntas "para utilizar las respuestas en la vía criminal".

División de posturas en el PP

De la Sierra recalcó que "todo el mundo sabía que no había delito"  e incluso aseguró que hay personas dentro del propio Partido Popular  que no comparten cómo se ha tratado este asunto. Esas personas son, según dijo, las que han "impuesto" ahora la "sensatez" para que no se recurra el auto de archivo de la querella.

De no haber sido por esas personas, se mostró convencido de que el  presidente del partido, Ignacio Diego, y el portavoz parlamentario,  Francisco Rodríguez, habrían intentado "explotar" más el asunto.

En este sentido, criticó la "desfachatez, prepotencia y  arrogancia" con la que pretenden ahora "salvar la cara", mientras  "siguen insinuando delitos" en otros cargos como el director general  de Carreteras, Manuel del Jesus; el consejero de Cultura, Turismo y  Deporte, Francisco Javier López Marcano, o de nuevo el propio consejero de Desarrollo Rural.

"Y hablan de dimisión", agregó De la Sierra, quien opinó que "si  alguien tiene que hablar de dimisión es quien se ha permitido impartir justicia y juzgar de forma precipitada e interesada",  ocasionando un "sufrimiento innecesario" a los querellados y sus familias y amigos.

"Si los responsables de esta maniobra, de esta utilización del  Parlamento y la Justicia, tuvieran dignidad política, no pedirían  dimisiones, presentarían la suya propia", insistió el portavoz del  PRC.

 La corrupción como "excusa"

 El PRC, por su parte, no va a entrar en esa línea de pedir  dimisiones y lo que hará en cambio será impulsar iniciativas  parlamentarias u otras acciones para "luchar" contra la "utilización"  de las instituciones, por ejemplo, con compromisos de lealtad y sobre formas de actuar en política.

 De la Sierra comentó que "hasta ahora" se suponía que cierto tipo de actuaciones no se llevaban a cabo, pero "parte" del Partido  Popular, representada en Diego y Rodríguez, "ha pasado una línea, de forma absurda e interesada" y está recurriendo a una política que utiliza la corrupción "como excusa para intentar acabar con el  contrario".

 En su opinión, en la situación actual, "los corruptos" y  "compañeros" de esos corruptos que "no tienen principios" están  "empeñados" en transmitir la idea de que todos los políticos son  "iguales" y todas sus acciones también.

 Frente a ello, el portavoz del PRC recalcó que "la mayoría de las  personas que están en política desarrollan su cargo honestamente" y dejó claro que "no es lo mismo robar a las arcas públicas que equivocarse en un expediente donde no hay atisbo de beneficio para nadie". "Los errores no son delitos. Hay que distinguir entre  corrupción y error administrativo", concluyó.

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