Al termino del Pleno extraordinario del pasado 8 de mayo, el concejal del PRC Valentín Morante Fernández-Canal acusó al portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Molleda Balbas, por construir de forma ilegal unos 114 m2 en terreno del Ayuntamiento de Ruente. Según las actas, Jaime Molleda revindicó la propiedad de dicha construcción, realizada según sus propias afirmaciones hace unos 12 años.

Valentín Morante solicitó que el Ayuntamiento de Ruente investigue la situación de dicha parcela, por considerarlo de suma importancia al ser uno de los escasos terrenos urbanos (899 m2 según catastro), destinado a viviendas sociales.

El hecho a juicio de los regionalistas, es de extrema gravedad, considerando además que durante la entrega de las viviendas sociales de Meca, hace 2 años, se giró una visita a dicha parcela saliendo el propio Molleda al encuentro de dirigentes de la Consejería de Obras publicas y Viviendas, y tras conversar con ellos, estos desecharon dicho terreno por su elevado coste al ser necesario comprar a Jaime Molleda la susodicha construcción de la cual ignoraban su ilegalidad.


La ilegalidad de dicha construcción era sabida en el pueblo, pero nadie lo denunció oficialmente, y se desconocía su alcance. El concejal del PRC, realizó una investigación completa, cruzando datos del Catastro con fotografías aéreas del SIGPAC, y a través del programa MAPINFO averiguo las coordenadas UTM de dicha construcción, coincidentes en su mayor parte con el terreno urbano propiedad del Ayuntamiento y destinado a viviendas sociales. Una actuación con la que se pretende regularizar la situación de forma que no sea obstáculo para la edificación de viviendas sociales que tanto demandan los vecinos de Ruente.

Desde el PRC de Ruente no se descarta emprender acciones legales conducentes a la inhabilitación para el cargo publico de Jaime Molleda Balbas, teniendo en cuenta que durante los 7 años de su pasado mandato como alcalde existió un presunto abuso de poder. De ahí, denuncia Morante, su especial interés por la política y la Alcaldía, como instrumento para regularizar dicha situación anómala. De otra parte, quedan aun por explicar muchos puntos, como por ejemplo los 80 m2 asfaltados durante la obra de pavimentación del casco urbano, sitos estos en terreno particular de su propiedad que le habilitaban una entrada. Una actuación con la que, probablemente, ocultaba la intención de permutar dicho terreno y regularizar la construcción denunciada. Por no hablar de los cinco millones de las antiguas pesetas, todavia sin justificar durante dichas obras de pavimentación.